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| Guatemalteco convertido al judaísmo en San Juan la Laguna |
Alguien
bien enterado, pero cuyo nombre no puedo revelar porque lo echarían del pueblo
en el mejor de los casos — en muchas partes hemos asistido a represalias verdaderamente
cruentas— me ha confiado que el conflicto tiene un trasfondo
político-religioso, debido a que el Alcalde, Antonio Rodolfo Pérez y Pérez
desea lanzar de nuevo su candidatura al puesto que ganó en las elecciones de
2011.
El alcalde es protestante o cristiano de nuevo cuño, de los que
surgieron como hongos durante la guerra, como parte de una iniciativa política
del gobierno de EEUU para contrarrestar a los católicos, que en ese entonces se
consideraban (estábamos inmersos como víctimas en la Guerra Fría) ‘comunistas’.
Los
protestantes serios, que lo son por convicción propia y no por estímulo
guerrerista alguno, tienen más de 100 años de estar en Guatemala y desde la época
de Monseñor Quesada Toruño o antes mantienen buenas relaciones con los
católicos y los miembros de otras comunidades religiosas que hay en el país, en una acción ecuménica respetable.
Pérez y
Pérez basa su nueva actividad política en incrementar el número de fundamentalistas,
que ya convencidos de cambiar la religión católica por el ‘cristianismo’ no
será difíciles de convencer para que voten por el que consideran su líder
espiritual. A un proselitismo le sigue otro. Eso lo sabían bien los que
articularon un plan para sustituir con fundamentalismos de heterogéneos aspectos
a los pueblos católicos en diversos países del mundo durante aquella Guerra
Fría.
Los
judíos que han sido echados del pueblo también hacían proselitismo para
llevar nuevos creyentes a su ortodoxia, como lo evidencia la fotografía de un indígena
convertido.
La
Fundación contra el terrorismo, cuyo presidente es Ricardo Méndez Ruiz, presentó
en mayo pasado una solicitud de antejuicio contra Pérez y Pérez por violación a la Constitución,
instigación al genocidio, discriminación, abuso de autoridad, incumplimiento de
deberes, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la
Constitución, según el documento planteado en gestión penal ante el Organismo
Judicial. Pero el trámite no ha prosperado.
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